Hace apenas unos días una patrulla cargó con un vecino. No hubo bronca, no parecía que estuviera vendiendo o comprando nada, no estaba protestando, y no se resistió al arresto. Los pocos que de casualidad vimos cómo se lo llevaban nos preguntamos qué había pasado. La familia ni siquiera supo que se lo habían llevado. Se enteraron cuando alguien preguntó.
Después, como pasa en casi cualquier barrio, hubo mucho de especulación sobre el asunto. Hasta que la verdadera razón salió a la luz: estaba intentando poner en su cuenta de banco unos dólares falsos. Vamos a suponer, como es justo, que mi vecino es inocente, que actuó de buena fe. Habría que presuponer que es idiota si concientemente entró al banco con dinero falso. Pero ése no es el punto.
¿Cómo va a reconocer el cubano de a pie la legitimidad de una moneda que no es propia? ¿Cómo va a garantizar que la moneda que compra en el mercado negro no es falsa? No puede. ¿Y qué va a pasar cuando intente depositar unos cuantos billetes verdes, luego de sacrificar sus ahorros en moneda nacional para comprar a sobreprecio? Pues que habrá cometido más de un delito en el intento.
Una vez más en Cuba la ley obliga al ciudadano a delinquir. Y nadie se asombra. Y el estado no asume que es su responsabilidad educar una nación en la burla cotidiana de la ley. Cuando la vida transcurre en dirección opuesta a la razón y la lógica de la supervivencia prima, perdemos todos.
Mientras tanto más de una familia teme lo que pueda pasar si esta desbandada de venderlo todo en moneda extranjera continúa. Mi vecino no ha vuelto a su casa, o al menos nadie lo ha visto más. Su esposa y su niño pequeño lo echarán en falta. Y no sólo porque ahora que todos los precios suben hay un salario menos con el cual contar. De la nada, y sin poder opinar al respecto, su familia sufre las consecuencias de una medida económica que los fuerza a comprar de contrabando, a inventar.
Algunos dirán que las medidas están justificadas, y que en tiempos tan difíciles no siempre se puede esperar por el criterio popular. Sólo este pensamiento debía decirnos cuán lejos estamos de entender un gobierno para todos. En medio de toda esta campaña por ver quién ostenta el poder, y quién lo conserva o lo gana, los medios oficiales deslegitiman a cualquiera que se atreva a oponerse y opinar. Cientos de personas que, como yo, simplemente escriben o dicen lo que sienten, son acusadas de estar al servicio de una mafia. Pero mis ahorros son prácticamente inexistentes, y mis bienes apuntan a una clase media no muy acomodada. Así que sólo me queda preguntar: ese patrocinador capitalista que paga a la gente por tener una opinión propia ¿dónde está?
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